El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves.

Luego de la detención del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) Michael Healy en Nicaragua, las Cámaras empresariales de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), así como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), condenaron su captura, pidieron el respeto a las “garantías ciudadanas” establecidas en la Constitución y exigieron su liberación.

Mientras el Consejo Nacional Empresarial (CNE), insta al Gobierno de Guatemala a posicionarse ante la violación de derechos civiles y políticos de Nicaragua, así como a abogar por el respeto de las garantías de sus ciudadanos.

Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” del país, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio pasado bajo acusaciones similares.

Con estos dos nuevos arrestos son ya 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay siete candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, así como periodistas y líderes empresariales, sociales y políticos.

Según informó el Ministerio Público, un tribunal ordenó la detención de Healy y de Vargas durante 90 días, mientras se adelantan las investigaciones.

En un comunicado divulgado este jueves, Cosep calificó estas detenciones como “arbitrarias” e “ilegales” y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, “lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos”.

Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, así como la de “todos los presos políticos”.

El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando asumió una postura crítica ante el Ejecutivo durante la ola de protestas desatadas en el país que fueron duramente reprimidas por el gobierno y en las que murieron cientos de personas.