Durante el mes de abril de 2021, la Administración Tributaria en Guatemala anunció que iniciará con un proceso de revisión de estructuras empresariales que, en algunos casos, se ha considerado como procesos implementados con el objeto de disminuir la cantidad de impuestos que se pagan. Específicamente mencionó los conceptos: elusión tributaria, defraudación y sustancia económica.

En ese sentido, la Constitución Política de la República establece la libertad de industria y comercio, por lo cual las personas en nuestro país tienen la libertad de pactar los valores por los bienes y servicios que se comercian. No obstante, si el fisco pretende encuadrar ciertas estructuras como “fraudulentas”, iría en contra de dicho principio consagrado en la Constitución, además tendría que probar que estas operaciones carecen de sustento legal. Esto último no ocurre en la mayoría de operaciones dado que tampoco pueden ser medidas con una normativa internacional respecto a los precios que se hayan pactado.

Por otro lado, las operaciones realizadas entre una entidad guatemalteca y una entidad relacionada extranjera, deben de cumplir con el principio de libre competencia; y es aquí donde se aplica el concepto de sustancia económica: norma que establece ciertos lineamientos para medir estas operaciones en función de las reglas de precios de transferencia.

Un tema que se debe tener presente es que, conforme al principio de seguridad jurídica, no se pueden instituir conceptos, obligaciones fiscales, sanciones u otro tipo de acciones que no estén basados en la ley. En Guatemala, a diferencia de otros países, la elusión tributaria (que no es más que usar todas las alternativas legales establecidas en ley para optimizar las cargas tributarias) no está definida ni prohibida en la normativa guatemalteca. La defraudación tributaria está definida en el Código Penal, pero para llegar a dicho escenario, se debería de cumplir con varios asuntos para definir si se llega o no a la comisión de un delito, que en ese ámbito esta sujeto a comprobar muchos pasos previo a dicha conclusión.

Finalmente, en lo que se refiere al tema de sustancia económica, como se ha indicado anteriormente, se ha utilizado para objetar empresas que no cumplen con la obtención de dicha sustancia económica. Para efectos de la normativa internacional, la sustancia económica está vinculada a demostrar los activos, riesgos y funciones asignadas a una entidad que participa en la cadena de valor de un grupo empresarial, todo esto a la luz de las reglas de precios de transferencia. Sin embargo, para operaciones locales, dichas normas no son aplicables (únicamente con operaciones entre una empresa doméstica y su relacionada en el extranjero).

Por tal motivo, nos parece que es acertado que la Administración Tributaria revise las operaciones que considere necesarias pero deberá aplicar las normas jurídicas que le corresponda para poder sustentar ajustes tributarios. A los contribuyentes, se les deberá conceder el derecho de defensa para sostener o rebatir dichas formulaciones, todo ello en el marco de la legalidad, ya que ese principio de seguridad jurídica, también es necesario en la interpretación y aplicación de la leyes. Esto es medido por los inversionistas extranjeros y locales al momento de evaluar una plaza para continuar con más proyectos.

Por último, es necesario recordar que si se necesitan hacer cambios o actualizar el sistema tributario, esto se puede llevar a cabo. Sin embargo, para ello se deberá seguir un proceso de aprobación y/o modificación de leyes para establecer nuevas reglas observando el principio de la legalidad.

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