Recientemente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hizo un comunicado sobre los planes de fiscalización para la Semana Santa, así como también, comentó sobre el caso de los pequeños contribuyentes, en donde se indicó que han detectado situaciones en donde estos contribuyentes han superado el monto que establece la Ley para permanecer en este régimen, el cual es de Q150,000 anuales.

Según la SAT, más de mil pequeños contribuyentes que están en ese régimen han superado ese monto, por lo que han iniciado los programas de fiscalización y ajuste a los impuestos no declarados.

En ese contexto, es importante comentar que los pequeños contribuyentes son parte de la economía informal, puesto que no están obligados, en algunos casos, a llevar contabilidad completa.

Es importante entender que la economía informal atravesó durante el año 2020 un impacto importante por todos los efectos económicos del COVID-19. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística para el año 2019, la economía informal era aproximadamente de un 70%. Esto claramente tiene una estrecha relación con el Producto Interno Bruto y con la cantidad de impuestos que se pagan al país. 

Es por ello que a la luz de la creciente escalada de pequeños contribuyentes, lo cual es beneficioso para el país, se hace necesario contar con un régimen que incentive a que más contribuyentes usen un sistema simplificado de pago de impuestos (monotributo), y que con ello el desarrollo del país se amplíe, generando en consecuencia mejores condiciones económicas, más puestos de trabajo y más pagos de impuestos.

En un sistema tributario en donde existen diversas obligaciones fiscales y contables, la creación de un monotributo o ampliación del monto autorizado en regímenes actuales, puede traer consigo una mejora en la recaudación y más flujo de efectivo para el Estado, ya que a través de un sistema simplificado se pueden gravar operaciones o sectores que hoy día están fuera del radar de tributación por muchas razones.

Un ejemplo que ya se tiene en el país, es el régimen del productor agrícola agropecuario, el cual tiene un monto máximo para permanecer en ese régimen de tres millones de Quetzales (Q3,000,000). La normativa de Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, contenía una norma que establecía un régimen de pago preferencial de ISR de un 5% hasta un millón de Quetzales (Q1,000,000), el cual fue derogado en el año 2000.

En este sentido, el Estado debe promover medidas para que todos los guatemaltecos paguen los impuestos en la medida de su capacidad de pago y atendiendo a los principios de equidad y justicia tributaria. Por lo tanto, desde mi perspectiva particular, ampliar el monto autorizado dentro del régimen de pequeño contribuyente puede ser atractivo para diferentes sectores, en adición que esto puede ayudar al desarrollo de los emprendimientos en Guatemala, situación que detonaría en una mejora económica como lo hemos comentado.

Con estas medidas, en adición, se iría reduciendo la brecha de la economía informal, la cual estaría siendo registrada y aportaría al Estado la contribución tributaria que le corresponde con este régimen simplificado.

Finalmente, la economía informal al estar registrada debería contribuir al régimen de seguridad social. En este sentido, los patronos deben estar conscientes de los beneficios que tendría esta modalidad ya que sería un gran paso para nuestro país a todo nivel.

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