El día de ayer fue juramentado el nuevo integrante de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala y hemos visto cómo se han hecho eco varios sectores para que se observe y aplique el Estado de Derecho, principalmente para atraer más inversionistas a nuestro país.

El desarrollo económico de los países está ligado a la observancia y a la protección de los derechos de los ciudadanos y de los inversionistas; en ese sentido, es necesario que la Corte de Constitucionalidad observe en sus resoluciones la aplicación de los principios constitucionales establecidos en nuestra carta magna, de tal forma que los derechos de los contribuyentes se vean protegidos ante cualquier amenaza.

En años anteriores, hemos observado que la polarización en nuestro país ha afectado ese desarrollo económico, puesto que Guatemala a pesar de estar geográficamente en un lugar privilegiado, no ha logrado aprovechar esta oportunidad para atraer mayor cantidad de inversión que detone en una mejor calidad de vida de sus habitantes. Esto, aunado a los esquemas de corrupción que se han señalado y detectado en el Estado en los últimos doce años. 

Es ahora cuando la Corte de Corte de Constitucionalidad debe resolver los casos observando la aplicación de dichos principios, inclusive para materia tributaria. En este campo, es indudable que las Cortes necesitan un crecimiento para entender los eventos económicos y transacciones que se deben revisar a estos niveles, dado que la especialización es necesaria. 

En el ámbito tributario se conjugan varios asuntos, como los contables, los documentales, los hechos de fondo y los hechos de forma, así como la aplicación correcta o incorrecta de las normas con base a las pruebas y entendimiento de las operaciones. Es allí donde reviste una importancia relevante que todas las Cortes y principalmente la Constitucional cuente con esa experiencia sobre temas tributarios, y principalmente, la observancia de principios como el de reserva de ley, de no confiscación, de legalidad, entre otros.

Hemos observamos cómo en la práctica, en ausencia de normas legales, se han emitido criterios institucionales del fisco, modificado formularios, y se han creado reglamentos para ampliar zonas no contenidas en ley. Desde un punto de vista aplicativo, algunos de estos cambios han sido correctos, pero también, hemos observado cómo muchos de éstos podrían no estar en concordancia con las leyes tributarias y la Constitución Política.

Es acá en donde es necesario que estos asuntos sean abordados y resueltos por la Corte observando dichos principios ya referidos, protegiendo los intereses de las partes afectadas en forma independiente e imparcial, que permitan que los derechos de los contribuyentes no se vean afectados y se garantice que los casos serán resueltos al tenor de las normas legales aplicables.

Esperamos entonces que la Corte de Constitucionalidad, en este sistema de pesos y contrapesos, ejerza ese papel fundamental para garantizar los derechos de los guatemaltecos y que ello contribuya, como lo hemos indicado, al desarrollo económico de nuestro país que es tan necesario en esta etapa post-Covid, y donde Guatemala debe salir adelante como la economía más importante de Centro América y ser el referente para realizar negocios en la región.

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