La actual situación constitucional/política que vivimos parece querer empujarnos a tener que apoyar una de dos posiciones: 1) la de apoyar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad irrestrictamente o, 2) la de apoyar a la Comisión Permanente del Congreso que ha desobedecido una resolución de aquella corte.  Ese es un falso dilema.  Quien quiera que lo vea solamente así, no puede o no quiere ver el panorama completo y eso siempre es peligroso.

A modo de breve resumen, todo esto empezó porque la CC aplazó la elección de los magistrados de la Corte Suprema y Salas de Apelación porque a su criterio se habían cometido una serie de ilegalidades e incumplido procesos legales.  Eso provocó que los magistrados de la CSJ (y cabeza del Organismo Judicial) se extendiera en el tiempo, más allá de su mandato constitucional.  Los efectos legales de ello no los hemos terminado de ver, pero los políticos sin duda los estamos sufriendo.

No se puede soslayar la intención de algunos políticos (principalmente diputados, pero también oenegeros y manipuladores de cortes) en jalar agua para su molino y manipular -aún más- la situación para favorecer sus intereses; cada uno quiere colocar en la CSJ a “sus” magistrados.  Tanto los unos como los otros, en opinión de esta sección, abusan de su poder para favorecerse particularmente.  Eso acá y en la China es constitutivo de delito. 

Pero ¿qué hacer?  Los que se colocan en el primer supuesto enunciado al inicio, simplemente dicen que se debe acatar la resolución de la CC y ahora se debe procesar a los diputados desobedientes; los que se colocan en el segundo supuesto dicen que no hay obligatoriedad de acatar ordenes ilegales (así consideran a la de la CC) y que se debe procesar a los magistrados prevaricadores.  

Como se ha dicho, es opinión de esta sección que los magistrados de la CC se extralimitaron -no una, sino varias veces- en sus funciones y se pusieron en una situación jurídica complicada; complicada aún mas luego de emitir por segunda vez un “autoamparo”, verbigracia amparo que, siendo resuelto por ellos, los favorece directamente.  Y es justamente este último punto el que podría -debería- ser resuelto conforme a la Ley; los jaloneos y disputas por colocar afines en magistraturas son por demás indeseados, pero son políticos al fin.  El asunto del llamado autoamparo es el que debe ser resuelto por el espíritu de la Ley.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece muy claramente que las resoluciones emanadas por la Corte de Constitucionalidad no se pueden recurrir más que para aclarar o ampliar lo vertido en ellas, es decir, no hay recurso o remedio judicial alguno para revertir lo decidido por esa corte.  Pero, y ese es el más importante pero que usted verá en todo este asunto, ese mismo artículo, el 69, dice que los magistrados que emitan las resoluciones, esas que son finalísimas, serán responsables de ellas con arreglo a la ley.  Copio el texto del artículo para que se ilustren:

Artículo 69. Impugnación de lo resuelto. Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley.

Así, se puede ver que el legislador constitucional (porque esa fue una Ley emanada de la Asamblea Nacional Constituyente) proveyó la forma en que se pudiese deducir responsabilidades a un magistrado que, a juicio de algún afectado, emitiese una resolución que, inapelable como es, haya sido emitida en fraude de ley o abiertamente contraria a ella.  Ese es, precisamente, el supuesto del delito de prevaricato.

Ilustres mentes han opinado que para que eso se dé, habría de suceder una suerte de concurso real o ideal de delitos, pues por sí sola, la resolución, no puede ser considerada elemento objetivo de delito.  Esa es precisamente la labor de un juez, distinto al que profirió la resolución y conocedor por arte y oficio del derecho penal, y no necesariamente del constitucional.  Es ahí donde se ve la falacia o la confusión.  El juez no estaría revisando la decisión, pues esta ha quedado firme y debe cumplirse, pero el hecho de haberla emitido vaya que sí puede ser constitutivo de delito.  A veces los más elevados pueden ver con mayor facilidad el horizonte, pero a costa de no tener los pies en el suelo.

Acá no se trata de apoyar a los magistrados o apoyar a los diputados; los segundos son políticos, al fin, pero los primeros se han comportado como políticos también y se han escudado en un amparo, resuelto por ellos del que ellos mismos se benefician.  Y si a usted no le parece eso delictuoso, cuando menos le debe parecer asqueroso.  Esos magistrados le están mandando el mensaje, no a los diputados que les llevan ganas, sino a todos los jueces y fiscales del país: ustedes no son dignos de juzgarnos; ustedes no tienen la capacidad de juzgarnos; ustedes son corruptos o se van a corromper para juzgarnos; ustedes no son imparciales.  Ese es el mensaje que le mandan los magistrados autoamparados a todos los jueces y fiscales del país.   Usted no necesita conocer de Derecho o recitar de memoria tomos de doctrina cual más novedosa para saber que lo que los magistrados hicieron es espurio.  Ya tocará, si no ahora, después, someterlos al imperio de la Ley.  

Eso sí, esta sección no puede condonar una arbitrariedad para juzgar a posibles -presuntos- delincuentes; esta sección no puede condonar una ilegalidad para arreglar una ilegalidad anterior.  Como leyenda urbana se ha dicho que el Juez Baltazar Garzón o alguien en el equipo que procesó a Agusto Pinochet dijo: “no se puede pretender luchar con el diablo peleando como ángeles” o algo similar; ese es precisamente el problema que afronta el hombre de bien y que debe evitar a toda costa: convertirse en lo que persigue, en lo que aborrece.  Famosamente, se conoce que Napoleón escribió “El fin justifica los medios” al final de su copia de El Príncipe.  En la guerra y probablemente en la política pudiese ser aplicable, pero jamás en la justicia; en ella, ¡jamás!

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