En los últimos 15 días, unos diputados se han puesto en la picota por abusar de su posición.  Esta vez no se trata de búsqueda de prebendas, de pago de comisiones o de manipulación de cortes; esta vez se trata de abuso en sus atribuciones de fiscalización del Estado y de la ejecución del presupuesto.  Estamos hablando del diputado Cristian Álvarez del partido CREO y de los diputados Román Castellanos y Samuel Pérez del Movimiento Semilla.  Los tres, aunque en instancias separadas, escudándose en su labor parlamentaria, pretendieron ejercer funciones y atribuciones que no les corresponden, con la diferencia que el primero incluso pudo haber cometido otros delitos de violencia de género.  Desconozco si el Ministerio Público ha realizado alguna pesquisa preliminar para solicitar el retiro de la inmunidad de alguno de ellos y poder investigar más en detalle.  

En el caso del diputado Álvarez se conoce que la afectada, la doctora Karen Lucía Hernández Ruiz presentó formal denuncia en su contra; en el caso de los diputados de Semilla, la Cámara de Industria emitió un comunicado denunciado los abusos por intentar incluirse en las verificaciones que hace la PDH de las condiciones de salud -derecho humano- de los trabajadores en algunas entidades de derecho privado.  Cabe indicar que la labor del PDH es eminentemente en la esfera pública (entidades gubernamentales) pero la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de Derechos Humanos faculta al procurador a actuar también, en casos muy puntuales, en la esfera privada, siempre y cuando obtenga previamente una orden judicial para ello.  Tengo entendido que en el caso que nos ocupa, no existía tal resolución judicial. 

Pero regresando a los diputados que, dicho sea de paso, comparten además de ser de primer ingreso los tres, haber sido electos por el distrito central (dato curioso nada más, supongo) y vamos a asumir que de la mejor buena voluntad, no con ánimo de protagonismo populista, creyeron que simplemente estaban haciendo labor de fiscalización.  En el caso del diputado Álvarez, a deshoras de la noche, en un condominio -evidentemente propiedad privada- abusivamente somató el portón de la casa de una trabajadora de una entidad privada (la entidad presta un servicio al estado) para increparla e interpelarla por su labor.  Por si no fuera poco, el mismo diputado, según él en su descargo, publicó audios donde se evidencia su actitud abusiva.  Él está en todo su derecho -y obligación- de fiscalizar a los entes estatales y el gasto del dinero público, pero hasta ahí; no puede, por analogía, ir a hostigar a una profesional que no trabaja para el estado (y aunque lo hiciere) a deshoras y a su residencia particular.  El diputado de CREO debe, no solo presentar sus disculpas, sino responder ante la Ley.

El caso de los otros dos diputados, los de Semilla, no es menos preocupante.  Ellos -el diputado Pérez es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario- decidieron, de motu proprio acompañar (disque para fiscalizar su labor) a la PDH en su labor de verificación de los derechos laborales y/o de salud.  Los diputados, por supuesto que pueden -y deben- fiscalizar a la PDH, pero no se pueden agarrar de eso para infiltrarse ilegalmente en una verificación de campo que haga la PDH.  Vale la pena recordar acá que la PDH tampoco puede ir así nomás a meterse a entidades privadas; para ello necesita una orden de juez, tal como lo apunta claramente el artículo 14, literales h) e i) de su Ley (LCDHCRyPDH).  Así pues, los probablemente bien intencionados, pero nóveles e inexpertos diputados se estaban tratando de colar a algo que, hasta donde se ha mostrado en medios, ni siquiera estaba apegado a la Ley.  

No cabe duda de que los tres, nóveles e inexpertos diputados, tratan de diferenciarse de sus pares y de sus antecesores que mucho hacían con no hacer nada y solamente iban a “levantar la mano” como se dice popularmente, pero al hacerlo, han sido señalados de abuso de autoridad, allanamientos ilegales, y usurpación de funciones y, en el caso del primero, también de delitos de violencia de género.  

La función pública es muy delicada, pues a diferencia de usted y yo, simples ciudadanos que podemos hacer todo, mientras no esté expresamente prohibido, los funcionarios deben sujetarse estrictamente a lo que les está taxativamente permitido; la razón es sencilla y claramente ejemplificada con los casos anteriores: al funcionario tiende, por intención o por descuido a abusar de su autoridad, razón por la cual debe estar muy bien delimitada.  

No sé si cabe decir: ¡pobres diputados! Pues francamente no creo que haya habido dolo en su actuar, pero sin duda hubo imprudencia e impericia, dos de los elementos de la culpa en los tipos penales.  

Como corolario, hay que decir que el primero, el diputado Álvarez de CREO, luego de darse cuenta de su grave error, ha mantenido bajo perfil y dejó de intentar justificarse; no es el caso de los jóvenes diputados de Semilla que son contumaces en su error y el coro de simpatizantes y correligionarios (algunos asesores parlamentarios) no cesan en su defensa oficiosa en redes sociales.  Errores, cometemos todos, pero un funcionario, cuando comete un error, muchas veces es constitutivo de delito.  

De buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno.

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